Cuatro años y medio después de que entrara en vigor la Ley Concursal, la que se aplica a empresas y personas insolventes, sus luces y sombras son debatidas en el I Congreso Nacional de Derecho Concursal, al que asisten cerca de un centenar de especialistas.
El hecho de que una norma tan joven vaya a ser modificada próximamente -y en medio de una crisis económica- hace de los aspectos susceptibles de mejora una de las cuestiones clave del encuentro que se celebra entre hoy y mañana en Valencia, y que organiza el Instituto de Empresa.
Precisamente, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes reconoció el pasado mes de diciembre la posibilidad de reformar la Ley Concursal con el objetivo de simplificar los procedimientos, reducir su coste y hacerlos más ágiles en un momento económico como el actual.
Otro de los asuntos estrella, a raíz de las quejas de la banca, es la posibilidad de que la reforma limite los casos en que se pueden anular las garantías adicionales tomadas por las entidades financieras en la refinanciación de la deuda de empresas.
Los problemas que plantean las operaciones de reestructuración y las posibilidades de emprender otras acciones rescisorias fueron debatidas hoy por representantes de la magistratura como por ejemplo el presidente de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona (una de las más avanzadas en interpretación de la Ley Concursal), Ignacio Sancho Cargallo.
Entre las principales intervenciones también destacó la del Catedrático de Derecho Mercantil Ángel Rojo, uno de los artífices de la actual Ley Concursal, que sustituyó a la normativa sobre suspensiones de pagos que regía las insolvencias en España desde 1922.
Precisamente, la nueva norma nació con el objetivo de facilitar la supervivencia de empresas; un fin que no se ha cumplido ya que más del 90% de las compañías que entran en concurso de acreedores acaban en liquidación, según las estimaciones de diversos grupos de expertos.
Los exigentes requisitos que plantea la Ley Concursal para presentar convenios anticipados de pago a los acreedores y los convenios ordinarios son una de las causas de la escasa pervivencia de las empresas declaradas insolventes, aunque algunos expertos vienen apuntando en los últimos meses también al limitado apoyo bancario.
En la jornada de mañana participarán los titulares de algunos de los principales Juzgados de lo Mercantil, como el magistrado de A Coruña Pablo González Carrero, encargado del mayor concurso de acreedores de la historia de España, el de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa.
Aunque González Carrero no intervendrá como ponente, sí lo hará el economista Antonio Moreno, que ejerce como administrador concursal tanto en Martinsa-Fadesa como en el procedimiento de Fórum Filatélico.
El I Congreso Nacional de Derecho Concursal está patrocinado por los despachos de abogados Araoz & Rueda, Uría Menéndez, Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza y Pinazo Abogados.
